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cristina.gomez@diariodetampico.com
Ah, como nos hace pasar vergüenzas la actual Legislatura Local. Tal parece que nuestros diputados ya de plano le hallaron el gusto a estar en medio de la crítica y el escándalo, pues hacen todo lo que está a su alcance para que el Congreso tamaulipeco siga ganando desprestigio en el ámbito nacional.
Como si convertir al recinto legislativo en un cuadrilátero y recibir un garrotazo del Trife por la burda integración del Consejo Electoral no hubiera sido bastante, ahora el Congreso del Estado atrae el reflector como uno de los que más ocultan información en el país.
El informe del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que exhibe a la Legislatura de Tamaulipas como una de las nueve más rezagadas de la República en materia de transparencia, no es más que una raya más del tigre.
Por un lado atareados en la grilla y por el otro haciendo el ridículo de pedirle explicaciones al Trife de la orden de reponer el proceso para la integración del Consejo Electoral, seguramente a los diputados locales lo que menos les interesa en estos momentos es cumplir en el acceso a la información.
En vez de enfrascarse en su politiquería vulgar, los legisladores que pastorea Ramón Garza Barrios, deberían aprender de las Legislaturas de Jalisco, Guanajuato, Coahuila y Nuevo León que sí están respondiendo en el tema de la transparencia, yendo incluso más allá de lo que la ley establece.
En el caso de Tamaulipas, no sólo se da información escasa o incompleta en los renglones de labor legislativa, controles internos, asignación de recursos materiales y financieros, sino que además se tratan peor que secreto de estado los manejos de dinero de alcaldes y demás funcionarios que administran recurso público (las famosas y misteriosas cuentas públicas).
En la entidad siempre ha habido resistencia a la transparencia. Tomás Yarrington anunció desde el 2001 que propondría la ley de la materia, pero esperó hasta el final de su sexenio para ello. Y no conforme, ordenó a los diputados a su servicio un artículo transitorio para que la ley entrara en vigor seis meses después de su aprobación en noviembre del 2004, último año de su gobierno.
Esta ley no contempló la creación de una figura independiente que vigilara su aplicación. Eso de que sean los propios servidores públicos de las dependencias los que se vigilen a sí mismos, es una tomada de pelo...
El Congreso del Estado estrena nuevo “look” en su página web, pero sigue sin actualizar la información de sesiones, actas, diario de debates; dando a cuenta-gotas datos sobre el presupuesto, sueldos, ingresos y egresos y ocultando a piedra y lodo las cuentas públicas de Ayuntamientos, gobierno del estado, Poder Judicial y del propio órgano Legislativo.
Y si los encargados de hacer las leyes y velar su cumplimiento son los primeros en buscarle atajos, qué podemos esperar de los alcaldes corruptos.
cristina.gomez@diariodetampico.com