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Hugo Reyna/EnLíneaDIRECTA
Reynosa, Tamaulipas.- Ni siquiera fue iniciativa emitida por los legisladores federales, quienes han entrado en un proceso de que cada movimiento suyo tiene connotaciones electoreras, cediendo precisamente a las presiones de organizaciones ciudadanas y defensores de garantías, se otorgan concesiones y canonjías que en los hechos violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La organización civil “México Unido contra la Delincuencia”, en voz de su presidenta, María Elena Morero, solicitó la aprobación y creación de un registro nacional de usuarios propietarios de telefonía celular, para presuntamente rastrera aquellas llamadas amenazadoras, pretendiendo extorsionar o secuestrar a personas.
Sin embargo, sin medir las consecuencias de la petición, los legisladores no solamente aceptaron la sugerencia, si no que en un acto de evidente intención de atraerse ganancia electorera, acordaron discutir, reformar y crear dicha iniciativa que contraviene flagrantemente contra el Artículo 14 Constitucional.
El precepto constitucional establece: -Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata-.
Sin embargo, para los legisladores- garantes de hacer cumplir la Ley- es letra muerta y con su actitud condescendiente de doblegarse a las peticiones de “México Unido contra la Delincuencia”, pasarán a convertir a 110 millones de pesos en potenciales delincuentes a quienes habrá que vigilar y espiar.